La Legislatura provincial resolvió suspender al vocal del Tribunal Superior de Justicia, que cobrará el 50% de su salario mientras se sustancia el proceso.
En el marco de lo dispuesto por la Ley 13, reglamentaria del artículo 137 de la Constitución Provincial, la Cámara de Diputados de Santa Cruz reanudó este martes el procedimiento de juicio político contra el doctor Fernando Basanta, actual vocal del Tribunal Superior de Justicia. El proceso alcanzó un punto clave con la suspensión del magistrado y la aplicación de una medida que establece el goce del cincuenta por ciento de sus haberes hasta tanto se expida la Sala Juzgadora.
La sesión, que se desarrolló bajo la modalidad de Sala Acusadora, tuvo como primer paso la definición sobre la admisibilidad de los cargos presentados contra Basanta. Tras un debate formal, los legisladores resolvieron por mayoría que las acusaciones se encuentran comprendidas dentro de las causales previstas en el artículo 136 de la Constitución Provincial, referidas al mal desempeño y a la posible inobservancia de los requisitos exigidos para el ejercicio del cargo.
Acto seguido, se procedió a conformar la Comisión Instructora, integrada por tres miembros designados por la propia Sala Acusadora, a quienes se les remitieron los antecedentes y la documentación correspondiente a la denuncia. Este cuerpo tuvo la tarea de analizar las pruebas, recabar información complementaria y emitir un dictamen sobre la procedencia de la acusación.
Con amplias facultades de investigación, la Comisión Instructora elaboró un despacho concluyendo que los cargos imputados al doctor Basanta eran procedentes, por considerar que los hechos denunciados se correspondían con las responsabilidades propias del cargo que ocupa. En virtud de este informe, la Sala Acusadora sesionó en forma reservada y aceptó la acusación en todos sus términos, resolviendo la suspensión inmediata del vocal del Tribunal Superior de Justicia.
La decisión fue aprobada con el voto afirmativo de las dos terceras partes de los diputados integrantes de la Sala Acusadora, tal como exige la normativa provincial. La resolución dispone además que, mientras se sustancie el proceso, Basanta percibirá la mitad de su sueldo como medida transitoria hasta la conclusión del juicio político.
Con esta resolución, el expediente pasa ahora a la órbita de la Sala Juzgadora, que deberá analizar los fundamentos de la acusación y determinar, dentro de los plazos establecidos por la ley, si corresponde dictar la destitución definitiva o la absolución del magistrado.
