El ataque a Fabio Cattani en Puerto Deseado reveló un conflicto gremial que va más allá de un simple reclamo laboral y expone una compleja red de intereses dentro de la UOCRA provincial.
El violento episodio que tuvo como víctima al empresario de la construcción Fabio Dante Cattani sigue generando conmoción en Santa Cruz y plantea interrogantes sobre las verdaderas razones detrás de la brutal golpiza que sufrió frente a una obra en Puerto Deseado. Lo que al principio parecía un conflicto sindical más, hoy se perfila como una interna gremial cargada de tensiones, documentación irregular y disputas por el control de poder dentro de la UOCRA.
El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando Cattani se encontraba en una obra ubicada en la calle Agustín Chiarrone al 1400. Un grupo de personas lo interceptó y lo agredió con extrema violencia, provocándole lesiones graves en el rostro y el cráneo que lo dejaron internado durante varios días. La escena, presenciada por testigos, desató la inmediata intervención de la Justicia y la detención de varios sospechosos vinculados al sindicato de la construcción.
Con el correr de las semanas, la investigación judicial avanzó y permitió identificar a cinco personas presuntamente involucradas, entre ellas dirigentes de la UOCRA local. Todos fueron imputados por el delito de tentativa de homicidio. Sin embargo, el caso dio un giro inesperado cuando uno de los abogados defensores presentó un escrito que cuestiona el origen del enfrentamiento y sugiere que la golpiza no fue producto de un reclamo laboral legítimo, sino de una interna por el control gremial en Puerto Deseado.
De acuerdo con esa presentación, habrían existido maniobras irregulares en la documentación laboral que vinculaba a Cattani con la obra y con el propio sindicato. Según los registros oficiales de la entidad recaudadora ARCA, ni Cattani ni otros dos trabajadores —identificados como Sepúlveda y Palacios— figuraban como empleados registrados del contratista el día del hecho. A pesar de ello, se habrían presentado altas y bajas apócrifas en papel membretado, lo que alimenta la sospecha de que se intentó legitimar la figura de Cattani como delegado gremial, pese a no cumplir los requisitos formales para ocupar ese rol.
Esta situación abrió una nueva línea de investigación, que apunta a determinar si existió adulteración de documentos oficiales y si hubo participación o complicidad de funcionarios administrativos en la maniobra. En ese sentido, se pidieron informes a distintos organismos, entre ellos ARCA, el Ministerio de Trabajo provincial y la conducción nacional de la UOCRA. También se solicitó la intervención de fiscalías federales para investigar posibles delitos contra la fe pública y la administración estatal.
Mientras tanto, el empresario continúa con su recuperación física, aunque el impacto del episodio excede su situación personal. “No se trató de un simple hecho de violencia, sino de una muestra del nivel de descomposición que puede alcanzar la disputa interna dentro de un gremio”, advirtieron allegados a la víctima.
El caso pone en evidencia la fragilidad institucional y el grado de conflictividad que atraviesa el sector de la construcción en Santa Cruz, donde se mezclan intereses económicos, rivalidades sindicales y vínculos políticos que tensionan permanentemente la actividad. Lo ocurrido en Puerto Deseado no sólo dejó a un empresario al borde de la muerte, sino que también reveló una trama mucho más profunda y peligrosa, donde el poder gremial se juega a golpes y la legalidad parece desdibujarse entre papeles falsos y silencios cómplices.
La Justicia aún trabaja para esclarecer lo sucedido, pero todo indica que detrás de la golpiza a Fabio Cattani se esconde una lucha interna que busca controlar un espacio de poder clave dentro del gremio más influyente del sector. Y aunque las heridas de la víctima comienzan a cicatrizar, la herida institucional que deja este episodio parece estar lejos de cerrarse.
