El Congreso citó al jefe de la SIDE, Sergio Neiffert, para que rinda cuentas por el controvertido Plan de Inteligencia Nacional, que podría habilitar el espionaje interno a periodistas, economistas y opositores. La asignación de $100.000 millones en fondos reservados y la falta de control parlamentario alimentan la alarma por posibles abusos de poder.
La Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso convocó a Sergio Neiffert, titular de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), para que explique el polémico Plan de Inteligencia Nacional (PIN), revelado por el periodista Hugo Alconada Mon en el diario La Nación. Según el informe, el plan permitiría a la SIDE espiar a periodistas, economistas, activistas sociales y dirigentes opositores por considerarlos amenazas a la estabilidad del gobierno de Javier Milei.
El PIN define como objetivos de vigilancia a quienes “manipulen a la opinión pública” durante procesos electorales, propaguen “desinformación” o “erosionen la confianza” en funcionarios y políticas gubernamentales. La ambigüedad de estos términos generó una fuerte reacción de sectores políticos, medios y organismos de derechos humanos, que temen una persecución sistemática contra voces críticas.
La preocupación se amplifica con la reciente asignación de $100.000 millones en fondos reservados a la SIDE a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024. El presupuesto destinado representa un incremento del 778% respecto al año anterior. Aunque el Congreso rechazó el DNU, se estima que el 80% de los fondos ya había sido ejecutado, lo que deja en evidencia un preocupante vacío de control institucional.
El senador Martín Lousteau, presidente de la comisión bicameral, expresó su inquietud por el posible uso de estos recursos para tareas de inteligencia interna, una práctica expresamente prohibida por la Ley de Inteligencia Nacional. “No podemos permitir que se vulneren derechos constitucionales en nombre de una supuesta estabilidad política”, advirtió.
Otro punto crítico es el rol de Santiago Caputo, asesor informal y figura clave en el círculo íntimo del presidente. Aunque no ostenta un cargo oficial, diversos medios y legisladores lo señalan como el verdadero arquitecto del Plan de Inteligencia y el operador de las acciones más sensibles de la SIDE. Su falta de designación formal le permite actuar sin los controles ni la transparencia que exige la función pública.
La citación a Neiffert ocurre en un contexto de creciente tensión entre el gobierno y el periodismo. Tras la difusión del PIN, Hugo Alconada Mon denunció haber sido blanco de amenazas e intentos de hackeo. En paralelo, el presidente Milei arremetió contra los medios, acusando a los periodistas de ser “los mayores creadores de noticias falsas en la historia de la humanidad”.
La comparecencia del jefe de la SIDE, prevista para las próximas semanas, podría marcar un punto de inflexión en el debate sobre los límites del poder en democracia. La sociedad argentina observa con preocupación el avance de prácticas que, bajo el discurso de la seguridad nacional, podrían poner en jaque las libertades fundamentales.
