En el marco de un proceso de reestructuración del Estado que, según explicaron, busca poner fin a una etapa signada por la corrupción en la obra pública.
Desde el Ejecutivo nacional sostienen que esta decisión simboliza el cierre de un ciclo que tuvo su punto más alto en los escándalos judiciales que involucraron a exfuncionarios de alto rango y que culminaron con la condena de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por irregularidades en contratos viales.
El anuncio generó un fuerte impacto en el sector y deja abierta una serie de interrogantes sobre el futuro de la infraestructura vial del país, el destino de los trabajadores del organismo, y la continuidad de obras en marcha en todas las provincias.
Se esperan definiciones en las próximas horas respecto al traspaso de funciones, posibles despidos y la reconfiguración del sistema federal de mantenimiento de rutas.
