El intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, declaró la emergencia económica municipal argumentando que los recursos no alcanzan para cubrir las obligaciones básicas del Estado local. Sin embargo, el mismo Ejecutivo reconoció que la fiesta por el aniversario de la ciudad se financiará con deuda, que se pagará en cuotas durante el 2026.
El jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, confirmó públicamente que el municipio acordó con proveedores un esquema de pago diferido para cubrir los costos del evento —entre ellos escenario, sonido, iluminación y pantallas—, lo que implica un nuevo compromiso financiero para las arcas comunales.
La medida genera polémica en medio del contexto de crisis que atraviesa el municipio, que enfrenta dificultades para sostener servicios básicos y responder a reclamos salariales. Mientras el Ejecutivo argumenta que la emergencia busca “ordenar las cuentas” y “priorizar gastos esenciales”, la decisión de avanzar con un festival millonario reaviva el debate sobre las prioridades de gestión y el uso de los fondos públicos.
En las últimas semanas, varios sectores advirtieron sobre la falta de coherencia entre el discurso de ajuste y la organización de eventos de alto costo. Emergencia para unos, celebración para otros, resumen los vecinos que observan con preocupación la situación económica local.
