El PAMI Santa Cruz quedó en el centro de un escándalo tras las denuncias que apuntan directamente contra la conducción del organismo, vinculada políticamente a Jairo Guzmán.
Según testimonios de trabajadores, afiliados y proveedores, la funcionaria que responde al armado de Guzmán fue denunciada por no atender a los afiliados ni a los prestadores, mientras que las decisiones y el manejo interno quedarían en manos de un grupo reducido de personas señaladas por prácticas de amedrentamiento.
En ese esquema aparecen como ejecutores el segundo del organismo, Lucas Oyarzo, junto al abogado Matías Velázquez Kurger y su hermano Maximiliano Kurger, quienes —según denuncian— serían los encargados de presionar al personal, especialmente a empleadas mujeres.
Desde ATE aseguran que ninguno de ellos cumple horarios ni funciones específicas, y que el funcionamiento real del organismo depende del personal de carrera, que hoy se encuentra bajo un clima de tensión permanente.
Los hermanos Kurger, oriundos de Trelew, ocupan cargos clave dentro del PAMI: Maximiliano como Jefe del Departamento Administrativo —sobre quien se anticipa la posible aparición de pruebas por presuntos manejos poco claros con proveedores— y Matías como Jefe del área jurídica y apoderado partidario.
“Los pusieron para disciplinar y desplazar a los trabajadores de años. Buscan generar desgaste para que renuncien o tener excusas para echarlos y reemplazarlos con gente del partido”, indicaron fuentes sindicales.
La denuncia no solo expone un posible esquema de presión interna, sino también el uso político de un organismo sensible, encargado de garantizar la atención de jubilados y pensionados. Mientras tanto, crecen los reclamos por la falta de respuestas y el deterioro en la calidad del servicio en Santa Cruz.
