El Gobierno nacional habilitó su utilización mediante el Decreto 306/2026 para usuarios registrados que cumplan requisitos físicos, psicológicos y penales.
El Gobierno de Javier Milei oficializó la legalización del uso civil de silenciadores de estándar internacional a través del Decreto 306/2026, en una medida que forma parte del proceso de desregulación impulsado por la administración nacional.
La normativa establece que los supresores podrán utilizarse legalmente en actividades autorizadas como polígonos de tiro y caza deportiva, aunque exclusivamente para usuarios registrados que acrediten controles psicológicos, físicos y antecedentes penales aptos.
Desde el oficialismo señalaron que la iniciativa busca actualizar el marco regulatorio argentino y adecuarlo a estándares internacionales vinculados al uso civil responsable de armas de fuego. Además, remarcaron que el acceso seguirá estando sujeto a requisitos estrictos de habilitación y control estatal.
La decisión abrió un fuerte debate político y social, especialmente en redes sociales, donde distintos sectores manifestaron posiciones enfrentadas respecto al alcance de la medida y su impacto en materia de seguridad.
El decreto se suma a otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional bajo una agenda centrada en la flexibilización normativa y la ampliación de libertades individuales.
