La Justicia analiza conversaciones y audios que revelarían maniobras para acelerar permisos de importación a cambio de pagos ilegales durante el cepo cambiario.
La Justicia avanza sobre una causa que podría convertirse en uno de los mayores escándalos vinculados al sistema SIRA implementado durante el gobierno de Alberto Fernández y Sergio Massa. La investigación apunta a presuntas coimas de entre el 10% y el 15% para destrabar autorizaciones de importación y acceder al dólar oficial en medio de las fuertes restricciones cambiarias.
La causa surgió tras el análisis del teléfono celular del empresario Martín Migueles, donde aparecieron conversaciones, audios y mensajes que harían referencia a pagos destinados a agilizar aprobaciones dentro del sistema estatal. Según trascendió, Migueles habría actuado como intermediario entre empresas privadas y contactos con influencia dentro del circuito administrativo encargado de aprobar las SIRA.
En uno de los intercambios incorporados al expediente judicial, el empresario aseguró que podía conseguir una autorización en apenas una semana a cambio de “11 puntos”, en referencia al porcentaje de comisión solicitado. También quedaron registrados mensajes vinculados al envío de dinero y documentación societaria para avanzar con las operaciones.
La investigación también involucra a otros contactos relacionados con el manejo de importaciones y acceso al dólar oficial. Según la hipótesis judicial, algunas autorizaciones se aprobaban en tiempos considerablemente menores a los habituales, en un contexto donde miles de empresas permanecían frenadas por el cepo y las restricciones impuestas por el Gobierno nacional.
El fiscal Franco Picardi sostuvo que los mensajes analizados muestran una estructura de intermediación y reparto de dinero alrededor de las autorizaciones SIRA y solicitó identificar qué funcionarios participaron en esas aprobaciones.
Además, la causa investiga posibles maniobras vinculadas a la compra de dólar oficial mediante casas de cambio para luego vender las divisas en el mercado paralelo obteniendo ganancias extraordinarias.
El caso vuelve a poner bajo la lupa el funcionamiento del sistema de importaciones aplicado durante la gestión kirchnerista y reabre el debate sobre el impacto del cepo cambiario y los mecanismos de control estatal durante ese período.
