La investigación apunta a una presunta estafadora serial que habría utilizado una falsa enfermedad terminal, datos personales ajenos y maniobras digitales para perjudicar a múltiples víctimas por una suma cercana a los 50 millones de pesos. Pese al operativo, los allanamientos y las pruebas secuestradas, la Justicia no ordenó su detención.
Una investigación de alto impacto encabezada por la División Cibercrimen de la Policía de Santa Cruz dejó al descubierto una presunta red de estafas millonarias que sacude a Río Gallegos. La principal acusada, señalada por múltiples damnificados como una estafadora serial, habría utilizado distintos mecanismos para engañar a personas dentro y fuera de la provincia, acumulando un perjuicio económico cercano a los 50 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de la magnitud de la causa y de la cantidad de pruebas incorporadas al expediente, la mujer continúa en libertad.
La causa comenzó a tomar fuerza luego de meses de tareas investigativas y análisis tecnológicos que permitieron detectar movimientos sospechosos vinculados a billeteras virtuales, compras, operaciones comerciales y utilización de datos personales de terceros. A partir de allí, la División Cibercrimen avanzó con una investigación compleja que derivó en allanamientos realizados en un departamento céntrico de Río Gallegos.
Los procedimientos demandaron entre 10 y 12 horas de trabajo pericial y dejaron como resultado el secuestro de celulares, notebooks, documentación, tarjetas, tickets y distintos elementos considerados fundamentales para reconstruir el funcionamiento de la presunta maniobra fraudulenta.
De acuerdo con la investigación, la acusada no solo habría utilizado identidades ajenas para realizar operaciones económicas, sino que además se presentaba ante distintas personas como integrante de organismos privados o vinculada a funciones institucionales para acceder a información sensible y generar confianza en potenciales víctimas.
Uno de los aspectos que más indignación provocó entre los damnificados es que, según trascendió durante la investigación, la mujer también habría utilizado una supuesta enfermedad terminal como parte de su estrategia para despertar empatía, obtener ayuda económica y sostener el engaño frente a numerosas personas.
Con el avance de la causa comenzaron a aparecer nuevos damnificados y, según fuentes vinculadas a la investigación, al menos cuatro personas más habrían estado a punto de convertirse en víctimas antes de que se concretaran los allanamientos. La cifra total del perjuicio económico ya rondaría los 50 millones de pesos.
Otro dato que agravó aún más el escenario es que la principal acusada tendría antecedentes y actualmente se encontraría bajo control judicial, firmando regularmente en el Patronato de Liberados y Excarcelados.
A pesar del volumen de pruebas secuestradas, del trabajo realizado por la Policía, Cibercrimen y el Ministerio de Seguridad, la Justicia no dispuso la detención de la mujer. La única medida ordenada fue la fijación de domicilio y la prohibición de salir de la provincia, una decisión que generó fuerte malestar entre vecinos y damnificados.
La polémica volvió a crecer durante la madrugada del sábado, cuando un automóvil blanco llegó hasta el edificio donde la acusada cumple la medida judicial. Según registraron vecinos de la zona, varias personas descendieron del vehículo y comenzaron a retirar bolsos y pertenencias del departamento, imágenes que rápidamente se viralizaron y alimentaron nuevas críticas hacia la actuación judicial.
Si bien abandonar un domicilio o retirar pertenencias no constituye un delito, los cuestionamientos apuntan directamente a que la principal acusada de una causa millonaria continúa en libertad mientras la investigación sigue sumando pruebas y testimonios.
En este contexto, vecinos y damnificados reclamaron medidas más firmes por parte del Juzgado N° 3 de Río Gallegos, encabezado por el juez Giménez y la secretaria Elsa Pastori, al considerar que la gravedad de la causa y los antecedentes mencionados justificarían una respuesta judicial más severa.
Mientras tanto, continúan los peritajes sobre dispositivos electrónicos y documentación secuestrada para determinar el alcance total de la presunta maniobra y establecer si existieron más personas involucradas en una causa que ya genera fuerte conmoción en Río Gallegos.
