La implementación de la Ley 90/10 en Santa Cruz comenzó a exponer situaciones que, según sostienen desde el Gobierno provincial, durante años nunca fueron controladas. A partir del nuevo sistema de fiscalización impulsado por la gestión de Claudio Vidal, comenzaron a detectarse empresas que habrían falseado información para aparentar el cumplimiento de la antigua Ley 70/30.
Uno de los casos que más llamó la atención dentro del Ejecutivo provincial fue el hallazgo de decenas de trabajadores declarando el mismo domicilio para figurar como residentes santacruceños. Según trascendió en los controles realizados, llegaron a encontrarse casos de hasta “50 personas viviendo en una misma casa”, una situación que encendió las alarmas y dejó en evidencia posibles maniobras irregulares.
Desde Provincia explican que durante años la Ley 70/30 prácticamente no tuvo controles reales. Aunque las empresas presentaban declaraciones sobre empleo local, nunca existió un sistema integral de verificación ni cruces de datos entre organismos para confirmar si la información presentada era verdadera.
Con la puesta en marcha del Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), la situación comenzó a cambiar. Ahora las empresas deben informar mensualmente datos detallados de cada trabajador, incluyendo domicilio, residencia efectiva, lugar de trabajo y situación contractual.
Toda esa información comenzó a cruzarse con distintas bases de datos provinciales y nacionales, como registros de DNI, certificados de residencia, información laboral y relevamientos territoriales realizados por organismos de control. Además, también comenzaron las inspecciones presenciales en yacimientos, obras y sectores productivos de la provincia.
Desde el Gobierno de Vidal aseguran que el objetivo de la nueva ley es garantizar que el empleo generado por los recursos naturales y las inversiones quede realmente en manos de trabajadores santacruceños y no solamente “en los papeles”.
En Casa de Gobierno sostienen que las primeras inconsistencias detectadas demuestran que durante años muchas empresas declaraban cumplir con los cupos laborales provinciales sin que existiera una fiscalización efectiva del Estado.
Con la reglamentación del 90/10, las empresas deberán acreditar residencia efectiva mínima en Santa Cruz y justificar únicamente casos excepcionales vinculados a mano de obra especializada. Además, tendrán que presentar planes de capacitación para reemplazar progresivamente personal externo por trabajadores locales.
Desde el Ejecutivo remarcan que el nuevo sistema marca “un antes y un después” porque, por primera vez, la provincia comenzó a cruzar información en tiempo real y a detectar irregularidades que antes permanecían invisibles por falta de controles.
