El debate por el control del Banco Santa Cruz volvió a instalarse en la política provincial luego de que sectores del kirchnerismo impulsaran un proyecto para que la provincia recupere el 51% de la entidad financiera. Sin embargo, la discusión volvió a poner sobre la mesa una fuerte contradicción política porque fue el propio kirchnerismo el que privatizó el banco, sostuvo durante décadas ese esquema y además renovó el contrato hasta el año 2028.
La iniciativa fue presentada por la diputada provincial Rocío García, dirigente del kirchnerismo y cuñada de Cristina Fernández de Kirchner.
LA DECISIÓN QUE TOMÓ NÉSTOR KIRCHNER
La privatización del Banco Santa Cruz se concretó durante la década del 90 bajo la gestión de Néstor Kirchner como gobernador de Santa Cruz, en el marco del proceso de reformas y privatizaciones que atravesaba el país.
La entidad terminó vinculada al Grupo Petersen, de la familia Eskenazi, uno de los grupos empresarios que más creció durante aquellos años en Santa Cruz y que mantuvo una relación política y económica muy cercana con el kirchnerismo.
Con el paso del tiempo, el Grupo Eskenazi también avanzó sobre otros sectores estratégicos vinculados al Estado y terminó consolidando negocios en áreas financieras, energéticas y de servicios. Años más tarde incluso desembarcaría en YPF con fuerte respaldo político durante los gobiernos kirchneristas.
En Santa Cruz, además del Banco Santa Cruz, el grupo empresario también tuvo participación en otros procesos de concesiones y vínculos comerciales relacionados con servicios y estructuras financieras de la provincia.
LA PRÓRROGA DEL 2018
Pese a que hoy sectores kirchneristas vuelven a plantear la necesidad de recuperar el control estatal del banco, fue el propio kirchnerismo el que en 2018 decidió extender el convenio por otros diez años más.
Durante el gobierno de Alicia Kirchner se firmó la renovación para que el Banco Santa Cruz continuara como agente financiero oficial de la provincia hasta el año 2028. El acuerdo le permitió seguir administrando las cuentas sueldo de los empleados públicos, la operatoria financiera provincial y el rol de Caja Obligada del Estado santacruceño.
La prórroga fue aprobada por decreto y luego ratificada por la Legislatura provincial, con respaldo político del oficialismo de aquel momento.
LA CONTRADICCIÓN POLÍTICA
El nuevo proyecto para recuperar el 51% del banco volvió a abrir cuestionamientos dentro del escenario político provincial porque quienes hoy hablan de “recuperar” la entidad forman parte del mismo espacio político que privatizó el banco, sostuvo el modelo durante casi 30 años y renovó su concesión hasta 2028.
Por eso, distintos sectores comenzaron a remarcar que el kirchnerismo tuvo durante décadas mayoría legislativa, control del Ejecutivo provincial y capacidad política para modificar el esquema accionario, pero nunca avanzó en ese sentido hasta ahora.
La discusión también reabre el debate sobre las privatizaciones en Santa Cruz y el rol que tuvo el propio kirchnerismo en la construcción del esquema financiero y económico que hoy vuelve a cuestionar.
