La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el planteo presentado por el gremio de Judiciales de Santa Cruz, encabezado por Franco Mascheroni, contra la ley provincial que amplió de cinco a nueve los integrantes del Tribunal Superior de Justicia.
Con esta decisión, el máximo tribunal del país dejó firme la validez de la ley sancionada por la Legislatura provincial y además impuso las costas del juicio al sindicato, lo que podría derivar en una deuda superior a los $500 millones.
La causa judicial había sido iniciada por el gremio con el objetivo de frenar la ampliación del TSJ, argumentando que la medida era inconstitucional y representaba un gasto excesivo para las arcas provinciales. En una primera instancia, el sindicato había logrado un fallo favorable dentro de la provincia que suspendía temporalmente la aplicación de la ley.
Sin embargo, la Corte Suprema terminó revocando esa resolución y entendió que la provincia de Santa Cruz tiene facultades constitucionales para definir la integración de su máximo órgano judicial a través de una ley aprobada por la Legislatura.
De esta manera, el planteo impulsado por Judiciales quedó definitivamente rechazado.
Pero además del impacto político e institucional, el fallo abre ahora un fuerte debate económico dentro del gremio. Al haber perdido la causa, la Justicia resolvió que el sindicato deberá hacerse cargo de las “costas” del proceso judicial.
Las costas incluyen honorarios de abogados, gastos de representación legal, peritos, tasas judiciales y costos administrativos del expediente.
En este caso, al tratarse de una causa compleja que llegó hasta la Corte Suprema y se extendió durante años, distintas fuentes judiciales estiman que el monto total podría superar los $500 millones.
