Bolivia atraviesa una de sus crisis más profundas de los últimos años. A seis meses de asumir con la promesa del libre mercado, el presidente Rodrigo Paz Pereira enfrenta un país paralizado por bloqueos de rutas, escasez de combustible y una economía en colapso.
Todo comenzó en abril de 2026, cuando organizaciones indígenas y campesinas marcharon hacia La Paz en rechazo a la Ley de Conversión de Tierras, aprobada sin consulta previa a las comunidades afectadas. La norma habilita la recategorización de tierras comunitarias, abriendo la puerta a la especulación inmobiliaria y poniendo en riesgo la tenencia histórica de la tierra para los pueblos indígenas.
A ese conflicto se sumó la escasez de dólares en el Banco Central, desabastecimiento de combustibles y el escándalo por 150 millones de litros de nafta adulterada con agua sucia y aceite usado. El congelamiento salarial dispuesto por el gobierno terminó de unificar los reclamos, sumando al transporte, los comerciantes y la Central Obrera Boliviana a las protestas. Las pérdidas por los bloqueos ya superan los 600 millones de dólares.
Tanto el gobierno de Javier Milei como Washington cerraron filas en apoyo a Paz Pereira, señalando a Evo Morales como presunto financista de los bloqueos, aunque sin sustento judicial hasta el momento.
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